El año 2014, Cecilia y su compañero Carlos junto con su hija mayor, alquilaron una habitación en la avenida Rasos de Peguera de Ciutat Meridiana. Cecilia trabaja de limpiadora y Carlos sacaba algo haciendo tatuajes. El subarrendador, que se quedaba el dinero y no pagaba el alquiler, desapareció a mediados de 2017 cuando ya tenían tres hijos. Al cabo de poco tiempo les llegó la demanda de expulsión que finalmente se llevó a cabo en 2023. Sin ayuda social y ninguna solución habitacional posible, la familia acabó en una pensión en otro barrio que el de la escolarización de los hijos, subcontratada por el ayuntamiento ya que este no ofrece ninguna solución habitacional.
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